Por AM1380 
La causa está a cargo del juez federal lomense Luis Armella, con la fiscal Cecilia Incardona, y analiza el rol de directivos y empleados de la firma encabezada por el empresario Ariel Vallejo, quien tendría vínculos con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA. Según consignó TN, entre el 1° y el 11 de diciembre de 2025 se activó un protocolo interno para eliminar evidencia clave.
De acuerdo al expediente, el esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo masivo de computadoras y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
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Uno de los episodios centrales ocurrió en la madrugada del 1° de diciembre, cuando se enviaron instrucciones internas para “recaudar dinero” y borrar los registros de video de la empresa. Ese mismo día, la investigación identificó al responsable de eliminar las imágenes de las cámaras de seguridad, una maniobra clave para impedir el avance de la causa.
La Justicia también determinó que se ordenó a personal técnico permanecer fuera del lugar, con el objetivo de limitar accesos y preservar tareas posteriores de limpieza digital.
La investigación detectó además movimientos para inutilizar los sistemas informáticos y ocultar documentación física. Chats internos revelaron la existencia de cuadernos con registros contables paralelos, que habrían sido guardados fuera del circuito formal de la empresa.
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Días después, se avanzó con el retiro de CPUs, teléfonos celulares y otros equipos del depósito, para dejarlos fuera del alcance de los investigadores. En paralelo, se dispusieron guardias internas y tareas de limpieza, además del retiro de ploteos identificatorios de vehículos de la firma.
El allanamiento en Turdera
Ese mismo 11 de diciembre, la maniobra fue detectada tras el llamado de un vecino que alertó sobre una “mudanza” rápida de camionetas Toyota SW4 hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora.
Durante el allanamiento, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En el lugar fue detenida Micaela Sánchez mientras intentaba ocultar teléfonos celulares debajo del asiento de un vehículo, junto a dos choferes.
Como resultado del operativo, el juez Armella procesó el 23 de diciembre a la tesorera y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, acusados de “encubrimiento agravado”, con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La defensa y el avance de la causa
Desde el entorno de Ariel Vallejo negaron que el empresario haya dado órdenes para destruir pruebas. Argumentaron que, tras los allanamientos, “se llevaron todo” y que los empleados pudieron haber actuado por cuenta propia.
Mientras tanto, la causa por lavado de activos sigue avanzando. El expediente incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados y la investigación de una presunta trama de préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin justificar y el uso de monotributistas sin capacidad económica para simular operaciones.
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