Por AM1380 
Desde el oficialismo sostienen que la normativa actual está “desactualizada” y que genera “zonas de impunidad” frente a delitos graves cometidos por menores de 16 años. La iniciativa es promovida por el Poder Ejecutivo y cuenta con el impulso político de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y de referentes del bloque libertario en el Congreso.
En diálogo con El Diario Sur, la abogada de Monte Grande Victoria Bordenave, especializada en niñez y familia, aportó una mirada jurídica sobre el debate y advirtió que la discusión no debería reducirse solo a la edad de imputabilidad.
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Régimen Penal Juvenil y edad de imputabilidad
Según Bordenave, una ley “desfasada” es aquella que ya no responde a la realidad social ni a los estándares jurídicos vigentes. En el caso argentino, remarcó que la norma actual fue sancionada en 1980, antes de la reforma constitucional de 1994 y de la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos.
“En materia de niñez, el desfasaje se nota cuando el sistema no logra intervenir de manera adecuada frente a conductas graves ni garantizar derechos de forma efectiva”, explicó. En la práctica, señaló que existen adolescentes que cometen hechos graves y un Estado que no cuenta con herramientas claras para intervenir de manera sostenida.
El proyecto oficial propone incorporar a adolescentes de entre 13 y 15 años a un régimen penal juvenil específico, distinto del sistema de adultos. La abogada aclaró que no se trata de equipararlos a mayores de edad, sino de habilitar una responsabilidad penal con garantías reforzadas, intervención judicial temprana y medidas acordes a la edad.
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Impunidad, zonas grises y responsabilidad penal
Desde el Gobierno se argumenta que el sistema actual genera impunidad. Para Bordenave, esa afirmación no es correcta desde el punto de vista técnico. “Lo que sí existen son zonas grises de intervención frente a hechos graves cometidos por menores de 16 años”, sostuvo.
Según describió, hoy muchas familias se encuentran desbordadas ante situaciones de consumo problemático, violencia o delitos cometidos por adolescentes que no adhieren a tratamientos ni a programas de acompañamiento. En ese contexto, la autonomía progresiva de niños y adolescentes entra en tensión con la responsabilidad parental y limita la capacidad de intervención del Estado.
“Bajar la edad no resuelve todo, pero puede ordenar un sistema que hoy llega tarde», explicó.
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Qué cambia con la nueva ley penal juvenil
El proyecto crea un régimen penal juvenil autónomo, con límites claros a las sanciones privativas de libertad y un mayor peso de las medidas socioeducativas. Prohíbe la detención conjunta con adultos, elimina la prisión perpetua para adolescentes y fija un tope máximo de 20 años de privación de libertad.
También refuerza garantías como el debido proceso y la defensa técnica especializada desde el inicio, y habilita esquemas de cumplimiento alternativo bajo control judicial y evaluación interdisciplinaria permanente.
Para Bordenave, la diferencia central entre un adolescente y un adulto es el principio de responsabilidad progresiva. “El objetivo no es solo sancionar, sino proteger sin negar responsabilidad”, afirmó.
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Implementación, recursos y desafíos del sistema
La abogada advirtió que los principios del régimen penal juvenil hoy se cumplen de manera desigual y que una reforma legal, por sí sola, no alcanza. “Sin capacitación de operadores, dispositivos adecuados y articulación entre justicia, niñez, salud y educación, la reforma quedaría solo en lo declarativo”, señaló.
En barrios donde el Estado llega de forma fragmentada, consideró que el cambio puede ser una oportunidad para una intervención más temprana, siempre que no sea el sistema penal la única puerta de entrada. “Si el debate se reduce solo a la edad de imputabilidad, se pierde de vista el problema real”, aseguró y concluyó que “sin inversión real en niñez, el Estado siempre llega tarde.”
La postura de las organizaciones sociales
Desde una postura crítica, la Fundación Emmanuel se manifestó en contra de la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó los argumentos oficiales vinculados a la inseguridad. La organización sostuvo que los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes no representan una proporción significativa del total —menos del 0,1% según datos oficiales— y que no existe evidencia de que reducir la edad de imputabilidad disminuya el delito. También advirtió sobre el impacto negativo del encierro en el desarrollo de los adolescentes y remarcó que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional. Para la fundación, el problema de fondo está en la falta de políticas de protección integral, acceso a derechos básicos y oportunidades, y no en el endurecimiento del sistema penal juvenil.
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